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El delito de retención indebida


Jueves 30 de marzo de 2000

El delito de retención indebida


Maribel Cornejo Batista

Finalmente la omisión de enviar a la CSS los aportes
descontados a los obreros, será un delito en Panamá

El 3 de abril de 2000, entrará en vigencia la Ley 60 de 29 de diciembre de 1999, que regula el delito de retención indebida. Dicha ley define ciertas conductas relacionadas con la retención de los descuentos obrero–patronales o descuentos voluntarios que se hacen a los trabajadores y que deben ser enviados a la Caja de Seguro Social.

No es que con anterioridad dicha conducta no fuese considerara, pero existían criterios diferentes en cuanto a la naturaleza del delito, a la persona a la que le correspondía denunciar (o querellar) este hecho, llámese ofendido o víctima y al término de presentación de la acción penal.

Decimos esto, ya que para algunas personas, el no enviar a la Caja de Seguro Social las cuotas descontadas a los trabajadores constituía peculado, ya que consideraban que se trataba –según esta tesis– de una apropiación de fondos públicos. En consecuencia, el representante legal de esa entidad era a quien le correspondía presentar la denuncia.

El otro criterio igual de importante es considerar que se trataba de una apropiación indebida, mediante la cual el patrono se apropiaba de los dineros descontados al trabajador, a quien se le tenía como víctima y, como tal, contaba con un término de 2 meses, de conformidad con el artículo 2035 del Código Judicial, para presentar su querella. Normalmente, cuando el ofendido (trabajador) se daba cuenta de que el dinero que se le descontaba no había sido remitido a la Caja de Seguro Social, ya habían transcurrido mucho más de 2 meses, por lo que la querella que presentara debía ser archivada, de conformidad con el procedimiento establecido en el Código Judicial.

En muchos casos, entonces, el representante legal de la Caja de Seguro Social presentaba la denuncia correspondiente, o el trabajador presentada la querella a que nos hemos referido. Sin embargo, el resultado del sumario tenía mucho que ver con el criterio del juzgador al que le fuera asignado el expediente, pues, como anoté, varios eran los elementos decisorios al momento de calificar el sumario. Había pues muchos inconvenientes en torno al tema.

La reciente ley sobre el delito de retención indebida pretende superar todos aquellos inconvenientes al establecer un criterio (que a partir de la fecha debe ser uniforme). Se determina claramente la persona a quien le corresponde presentar la denuncia dentro de un término determinado y, sobre todo, el delito pasa a tener una sola denominación.

Esta normativa persigue resguardar el patrimonio del trabajador y, a la vez, lograr el ingreso oportuno de esos dineros al ente encargado de la seguridad social.

En cinco artículos, la ley define los tipos penales, establece el período de prescripción de la acción penal y se refiere al desistimiento de la pretensión punitiva para esta clase de delitos. De esta forma, se impodrá una sanción de 2 a 4 años de prisión al que retenga las cuotas obrero–patronales y no las remita a la Caja de Seguro Social dentro del término de 3 meses después de surgida la obligación de pagar. Esa misma sanción se impondrá al empleador, al representante legal o al que en una u otra forma ordene al gerente, administrador o contador retener la entrega de las cuotas.

La ley consagra como tipo penal la acción de retener y no remitir los descuentos voluntarios del salario autorizados por el trabajador dentro del plazo señalado. Dicha conducta conlleva la sanción de 6 meses a 3 años y de 50 a 250 días–multa.

En cuanto al tema de a quién le corresponde presentar la denuncia, la ley aplica el concepto ampliado de víctima que desarrolla la Ley de Protección a las Víctimas. En ese sentido, dispone que la denuncia será promovida por el trabajador, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por sus herederos. También atribuye esa facultad a la Caja de Seguro Social, según corresponda.

Un aspecto muy importante es que la prescripción de la acción penal (el período de tiempo dentro del cual debe dictarse auto de llamamiento a juicio) comenzará a correr, de acuerdo con la Ley, desde el día en que el trabajador adquiera el derecho a la pensión o jubilación.

Otro de los temas que abarca la normativa es que la víctima del delito de retención indebida puede desistir de la pretensión punitiva (pedir que se archive el caso), cuando el imputado remita las cuotas obrero–patronales o los descuentos voluntarios a la entidad correspondiente, antes de la audiencia preliminar. Si traducimos esto en tiempo, tenemos que el agente de instrucción cuenta, como regla general, con un término de 4 meses para instruir el sumario (hacer la investigación) y una vez remitida la causa al juzgador, este debe fijar fecha de audiencia preliminar dentro de los 45 días siguientes. Si llegada la fecha de la audiencia, no se han remitido los dineros a la Caja de Seguro Social, vence el término dentro del cual la víctima puede desistir.

De acuerdo con la pena a imponer, este delito admite la aplicación de medidas cautelares personales, que van desde el impedimento de salida del territorio nacional (la más leve), hasta la detención preventiva (la más grave).

Para finalizar, se debe anotar que esta ley representa un avance, pues, reitero, a la vez que se protege el patrimonio del empleado, el reporte oportuno a la Caja de Seguro Social de las cuotas obrero–patronales o de los descuentos voluntarios, indiscutiblemente permitirá dotar a esta institución del Estado de los recursos que permitan ofrecer una atención de calidad al trabajador asegurado quien, por estar cotizando, tiene derecho a dicha atención. Al final se beneficia el trabajador, la Caja de Seguro Social y, en consecuencia, la sociedad en general .

 

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